En el post anterior (hace ya cuatro meses) reflexioné sobre el enfoque macroeconómico de esta cuestión. De los dos criterios apuntados, me incliné por el segundo porque resulta más equitativo que el primero al mantener la cuota de participación de las rentas asalariadas en la renta nacional representada por el PIB. Reitero brevemente el razonamiento: si la economía ha de hacerse más competitiva mediante el sacrificio o la austeridad, todos los factores que concurren en la producción de bienes y servicios (asalariados, trabajadores por cuenta propia, rentistas, capitalistas e incluso las AA. PP en cuanto receptoras directas de los impuestos sobre la producción) deberían sacrificarse proporcionalmente de modo que nadie gane a costa de otros en ese juego de suma cero que es la distribución de la renta de un país; en lo que concierne a los salarios nominales brutos (pagos a la seguridad social incluidos), esto implica que su tasa de variación ha de igualarse a la suma de la inflación de precios de producción (deflactor del PIB) y la evolución de la productividad (PIB/Empleo asalariado).
Sin embargo, no creo que vayan en esta dirección los afilados vientos desencadenados por la crisis. Me temo que se quiere recortar, como sea, la porción de tarta destinada a los asalariados. Incluso hay quien falazmente asevera que, como los trabajadores lograron mejorar su parte con reivindicaciones desproporcionadas durante la época de bonanza (1995-2007), ahora les toca moderar su gula. Pero las estadísticas del INE lo desmienten (pinchar en epígrafe “PIB a precios de mercado” y luego en Tabla 3 de “Estructura Porcentual”). En 2007 la cuota participativa de los asalariados era un 47,7%, menor que la de 1995 (48,8%). Y aunque en los primeros años de la crisis dicha cuota aumentó hasta superar ligeramente el 49%, luego (en 2010) retornó al nivel del 48%, como se muestra en la nota del Instituto Nacional de estadística anexa en el post anterior.
Decía también entonces que el otro enfoque de la cuestión es microeconómico. Se trataría de ajustar el ritmo de los salarios a la productividad de forma individualizada, empresa por empresa. Con ello se vincularían las rentas salariales con los resultados particulares de la empresa donde se trabaja, haciendo del trabajador un copartícipe de riesgos y, por ende, un colaborador más responsable y eficiente. Ni decir tiene que éste es el enfoque de moda.
La música suena divina pero el diablo puede escribir la letra. ¿Cómo se mide, y por quién, la productividad que ha de emparejarse con los salarios? Hasta ahora, en el baile de éstos con la inflación, se usa como referencia la evolución del IPC medida por el Instituto Nacional de Estadística. Así mismo, de bailar con la productividad agregada, se podría confiar en los cálculos correspondientes del INE para garantizar la neutralidad. Pero, en el caso de que los salarios tengan que enlazarse con la productividad de una empresa particular, ¿quién la mide y cómo?: ¿El Consejo de Administración o el Comité de Empresa?; ¿guiándose por la producción por empleado, o por otra definición de resultado empresarial, como margen de explotación, ebit, ebita, beneficio neto…, relativizada por el tamaño de la plantilla de trabajadores?
Sea cual fuere la variable elegida, ha de tenerse en cuenta que su nivel, o mejor dicho, su tasa de variación no depende solo del factor trabajo, sino también de otros factores concurrentes, como el stock de capital, la tecnología, la gestión empresarial etc. Hacer depender la evolución de los salarios de algo que los asalariados no controlan ni de lo que son, en muchos casos, los mayores responsables no deja de ser motivo de preocupación, de desánimo e incluso de rebeldía.
Simpatizo con la idea de que los salarios bailen ajustados (“arrimados”) a las características, circunstancias y resultados de las empresas. Pero sólo si hay transparencia y ecuanimidad, y no engaños ni abusos. Sin que los consejeros y altos ejecutivos de las empresas se sobrepasen. Que éstos se suban sus emolumentos y gratificaciones en tiempos de crisis, como muchos lo están haciendo, con la empresa chirriando en su cuenta de resultados (en gran parte por su negligente gestión) y los salarios de sus empleados congelados, es una violación de la equidad empresarial, una ruina moral, un pésimo fundamento para escapar de la crisis.
Coincido totalmente contigo, Jose Mari, en lo relativo al modo de establecer esa relación entre salarios y productividad en el seno de las empresas y te cuento lo que ha pasado en una que conozco de cerca. Se estableció como referencia el EBIT, aunque estuvo a punto de ser el beneficio neto. A mi modo de ver cuanto más abajo de la cuenta de resultados cojas el dato, más arriesgado para los trabajadores. Aunque también es cierto que si la alta dirección tiene como referencia el beneficio neto para su bonus, cosa que sucede en el caso que comento, se podría pensar que ir ambas partes alineadas no es malo. En todo caso, puestos a elegir yo me quedaría con el EBITDA, que evita los posibles tejemanejes contables sobre provisiones (especialmente) y amortizaciones. Pero, en todo caso, es obvio que el EBITDA se ve afectado por multitud de decisiones que poco tienen que ver con la productividad de la plantilla, como bien dices. Por eso, me parece fundamental en este nuevo modelo que venga acompañado de una participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Dicho de otro modo, ligar los salarios a los beneficios sin la existencia de fórmulas de cogestión es un retroceso importante para los trabajadores respecto del modelo IPC. Ah, y lo que no puede ser, como ha sucedido en el caso que te comento, es que se establezca un límite al crecimiento de los salarios demasiado estrecho, como el 3,5%, cuando la inflación se situaba ya en tasas similares o más altas. O hay confianza, transparencia y cogestión o mejor seguir manteniendo la distancia entre propiedad y trabajo y que éste siga siendo considerado como un coste. Pero la verdad es que el otro modelo es bonito…
En tu comentario, Javi, sugieres la conveniencia de introducir “fórmulas de cogestión” y de limitar el crecimiento de los salarios mediante la fijación de topes. Considero muy razonable tu alegato. Tradicionalmente se ha loado la figura del empresario por asumir el riesgo de la empresa. Y por ello, se le ha reconocido el derecho casi exclusivo de llevar las riendas de la empresa y obtener beneficios extra compensatorios. Si en el nuevo modelo de empresa se exige a los trabajadores compartir también los riesgos, perdiendo el empleo o el poder adquisitivo de los salarios, es lógico postular coparticipar en la gestión y en los beneficios extra. No parece lógico, ni empresarial o socialmente justo, que los empresarios (o en su caso los altos directivos) se sacudan de encima los riesgos desfavorables (en caso de crisis) trasladándolos a los trabajadores y se apropien abusivamente de los riesgos favorables (en buenas coyunturas) dando solo migajas al trabajador. Si renuncian a asumir en exclusiva los riesgos, deberían también, por coherencia y ecuanimidad, renunciar a monopolizar la gestión y absorción de beneficios extraordinarios. Pero esto, amigo Javi, suena a música celestial.